Los sindicatos CIG y UGT denunciaron ayer que al menos dos de las cuatro firmas que aspiran al contrato para prestar el servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Xunta "son conocidas en el sector como empresas low cost, especialistas en precarizar las condiciones del personal, no cumplir los contratos con los clientes y reducir hasta un 40% los salarios con convenios de empresa para garantizar sus beneficios".
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