El Sindicato UGT viene solicitando en el tiempo del Gobierno Central reformas claras de la Ley de Contratos y la modificación de la Reforma Laboral en cuanto a la prevalencia de los convenios sectoriales de aplicación.
Las administraciones públicas vienen celebrando contratos de seguridad privada cuyos importes máximos de licitación no cubren ni tan siquiera los costes salariales recogidos en el convenio estatal de seguridad privada
Amparados en una Ley de Contratos totalmente obsoleta, así como en una clara falta de voluntad política para afrontar un grave problema social y laboral, Gobierno y Administraciones Públicas sitúan en manos de la seguridad privada instalaciones denominadas de alto riesgo Ministerio de Defensa, Centros de Refugiados, Puertos y Aeropuertos, Transportes Urbanos, son solo un ejemplo de lugares custodiados por vigilantes y empresas de seguridad.
En los últimos años Administraciones Publicas y algunas empresas del sector han iniciado un camino perverso en cuanto a la contratación de servicios, obviando criterios de calidad del propio servicio a desarrollar y basando como único aspecto de adjudicación la oferta económica más baja, que a su vez resulta la más cargada de incumplimientos laborales, fiscales y tributarios.
Esta situación merma los salarios de los vigilantes de seguridad hasta en un 30% , así como sitúa a la propia Administración como máximo retroalimentador de fraude fiscal en nuestro país. Estas políticas de contratación, llevadas al ámbito laboral conlleva hacia los vigilantes de seguridad carencias en formación,, jornadas de trabajo insufribles y condiciones laborales precarias, siendo el propio Gobierno del PP y las Administraciones Publicas culpables en primera instancia de lo acontecido, ignorando constantemente las peticiones formuladas en el tiempo desde UGT en base a una contratación pública socialmente responsable, más si cabe en contratación de seguridad privada que en forma cercana a la ciudadanía custodia lugares reconocidos desde el propio Ministerio de Interior como de elevado riesgo.
AENA durante los últimos concursos viene realizando recortes en su parte económica, así como aumentando su nivel de exigencia, situación que, sin duda, por si misma reduce la calidad de sus servicios y las condiciones de los vigilantes que deben custodiar las instalaciones aeroportuarias.
UGT mas allá del conflicto que en la actualidad concurre en el Prat de Llobregat y que es responsabilidad directa de AENA Y DEL GOBIERNO CENTRAL resolver y que en recientes fechas se ha producido en BARAJAS e IBIZA, ha solicitado de AENA un acuerdo global para la totalidad de aeropuertos en España, que resuelva la problemática existente en materia de seguridad privada durante la vigencia del Concurso de seguridad
En igual forma ha solicitado del Gobierno del PP un nuevo modelo de contratación pública en materia de seguridad privada. El Gobierno no puede seguir asistiendo impasible ante la adjudicación de servicios como el Ministerio de Defensa donde con la única intención de ser adjudicatarios del contrato en este caso la empresa MARSEGUR reduce el salario a sus trabajadores en un 30% y además incumple sistemáticamente el abono de las nóminas a sus trabajadores situación que ha sido puesto por parte de los propios vigilantes y desde UGT en varias ocasiones en conocimiento de la Ministra Cospedal no obteniendo ningún tipo de respuesta. Empresas como ESABE, SEQUOR después de presentar concurso y dejar a cientos de familias en exclusión social, resultaron ser empresas cuya cartera mayoritaria de clientes se formalizaba por la adjudicación de concursos públicos. a la baja. En la actualidad empresas de idéntico perfil siguen contratando mayoritariamente con la Administración.
Reducir el peso de puntuación de la oferta económica aumentando el peso de las cláusulas técnicas, exigir solvencia suficiente a las empresas concursantes, realizar un sistemático seguimiento del contrato durante su ejecución, comprobar la formación del personal, exigir a las empresas el cumplimiento del convenio sectorial, son elementos necesarios y solicitados desde UGT, que deben garantizar un modelo de empresas de seguridad basado en la calidad de sus servicios y de respeto a las condiciones laborales de sus colectivos, dentro de políticas de contracción de servicios de seguridad tanto públicos como privados en forma responsable.
No acometer una contratación publica responsable significa elevar un modelo de empresas de seguridad más próximo a condiciones laborales del sur de África, que, del norte de Europa, no garantizando condiciones laborales suficientes a sus trabajadores y poniendo en tela de juicio la seguridad de la ciudadanía en instalaciones protegidas por este tipo de empresas cuya responsabilidad directa recae sobre el Gobierno. UGT seguirá pidiendo responsabilidades al Ejecutivo en este sentido
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.