Ni en los Juzgados Especiales de Violencia de Género, ni en el Registro Civil, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ni en la Audiencia Provincial, ni en los juzgados de Plaza de Castilla, ni en los juzgados de Penales (en Julián Camarillo), ni siquiera en el Depósito de Efectos Judiciales. Ninguna de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid han estado protegidas por vigilantes armados, a pesar de ser un requisito obligatorio, según el contrato de ‘vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas’ de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Durante los últimos 16 meses – entre abril de 2016 y hasta el próximo 1 de agosto-, los guardas jurados van desarmados porque ni la Comunidad de Madrid, ni la empresa adjudicataria tramitaron adecuadamente los permisos para que estos vigilantes pudiesen llevar su arma reglamentaria.
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